jueves, 22 de octubre de 2009

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Contemplado en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, y dicho procedimiento se divide en varias fases, en las que en mayor o menor medida se concretaran los principios contenidos en el Titulo Preliminar del mismo Código (Oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicciones, igualdad, defensa, libre apreciación de las pruebas, participación ciudadana entre otros.
Procedimiento Ordinario

1.- Fase Preparatoria

2.- Fase Intermedia

3.- Fase de Juicio

4.- Fase de Impugnación

5.- Fase de Ejecución
Fase Preparatoria.
Fundamentalmente investigativa, en la que destaca la intervención del Ministerio Publico. Corresponde al fiscal la dirección de esta fase y, en consecuencia los órganos de policía dependen funcionalmente de aquel.
“Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado” (art. 280. COPP)
...En la fase investigativa del proceso se recaban los elementos tendientes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables a fin de lograr en definitiva, que el Ministerio Público presente el correspondiente acto conclusivo que bien puede ser para promover el juico penal (acusación), solicitar su archivo o bien para clausurar la persecución penal (sobreseimiento). (Sentencia 701 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente A08-219 de fecha 15-12-2008)
La función de investigar, averiguar la verdad y decidir conforma a la legislación del Estado, corresponde según el Código Orgánico Procesal Penal a dos órganos del Estado, de esta manera se reconoce garantiza al imputado, una serie de derechos y deberes procesales, para poder defenderse eficazmente de la hipótesis delictiva que sostiene el Ministerio Publico, siendo el mismo a quien se le atribuye la dirección de la fase de investigación o fase preparatoria del proceso penal.
Como explique en el informe anterior y que esta previamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, para que se dé inicio al procedimiento ordinario son necesarios una serie de requisitos o normas, para que ante la comisión de un hecho punible se inicie un procedimiento penal; entre ellas:
a) Investigación de Oficio. Por ser el Ministerio Publico el director de esta primera fase, por lo que le corresponde el inicio de la investigación, en los casos de que la noticia de delito fuere recibida por los órganos de policía, éstos necesariamente deberán comunicarlo al Ministerio Publico dentro de las doce horas siguientes. De acuerdo con lo previsto el COPP, los órganos de policía sólo estaría facultado para practicar diligencias necesarias y urgentes dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás participes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
b) Denuncia (art. 286 COPP). Esta figura contemplada en nuestra legislación, permite que los ciudadanos y ciudadanas puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se quebranta con la comisión de delitos, es decir la denuncia sirve para poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de algún hecho punible, salvo las excepciones tradicionales.
“Obligación de denunciar. La denuncia es obligatoria: 1.En los particulares, cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna ley especial; 2.En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública; 3.En los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud, cuando por envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, abortos o suposición de parto, han sido llamados a prestar o prestaron los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de estos casos, darán parte a la autoridad”. (art. 287 COPP)
Fuera de estos casos de denuncia obligatoria, ya que es una alternativa que nuestro Código señala como una facultad, y por lo tanto el denunciante no es parte del proceso (Art. 291 COPP)
“Excepciones. La obligación establecida en el artículo anterior no corresponde: 1.Al cónyuge, a los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción, hasta el segundo grado, inclusive, del pariente partícipe en los hechos; 2.Al tutor respecto de su pupilo y viceversa”. (art. 288 COPP)
“Derecho a no denunciar por motivos profesionales. No están obligados a formular la denuncia a la que se refiere el artículo 285: 1.Los abogados, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes; 2.Los ministros de cualquier culto, respecto de las noticias que se les hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo secreto; 3.Los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud, a quienes una disposición especial de la ley releve de dicha obligación”. (art.289 COPP)
c) La querella. Es el acto mediante el cual la victima pone en conocimiento del tribunal la presunta comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su comisión. Con la admisión de la querella la victima adquiere la condición de parte, en tal sentido señala nuestro Código que solo la persona que tenga la cualidad de victima podrá querellarse.
“Se considera víctima: 1. La persona directamente ofendida por el delito; 2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido; y, en todo caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad. 3. Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; 4. Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación”. (art. 119 COPP)
De igual forma se posibilita que alguien distinto de la persona victima de delito, definidas en el articulo 119 COPP, pueda querellarse en caso de acción popular que tenga que ver con la violación de derechos humanos por parte de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.


Objeto de la Fase Preparatoria o Investigativa.
La legislación le atribuye al Ministerio Publico, la dirección de esta primera fase y, por esta vía la preparación del juicio oral, en tal virtud, su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, la recolección de todos los elementos de convicción orientados a determinar si existen o no razones para proponer la acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o, de otro modo, requerir el sobreseimiento. Así mismo como posibilitar al imputado su defensa.
Sin embargo esta atribución, hace necesario dotar de órganos auxiliares que lleven a cabo la recolección o la práctica de todas las diligencias, es por esta razón que el COPP en su artículo 111, señala que el Ministerio Publico dirige la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales, como medio para determinar la comisión de un hecho punible y a la identificación de sus autores y participes.
“Corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la dirección del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes”. (art. 111 COPP)
Es el Ministerio Publico quien en el curso de la investigación está obligado, no sólo a hacer constar circunstancias útiles para fundar la inculpación del sujeto, sino también circunstancias que puedan exculparle, y en este caso estará obligado a facilitar al imputado los datos que le favorezcan, para mantener el carácter de buena fé, que es la principal característica de la labor que cumple el Ministerio Publico.
Siendo la principal función del Ministerio Publico como parte de su actuar de buen fé, la búsqueda de la verdad, esta comienza a concretarse desde la fase preparatoria y se va a mantener hasta la fase de ejecución, pues se podría solicitar el sobreseimiento de la causa, pedir una sentencia absolutoria, y en la fase de ejecución puede plantear extinción de la pena, por ejemplo invocando el principio de favorabilidad de la ley posterior.

Limites en la actuación del Ministerio Público.
El COPP establece un control judicial para las actuaciones del Ministerio Publico, pues este no puede por si mismo acordar medidas que puedan constituir una lesión a derechos constitucionales, como es el caso de la privación preventiva de la libertad y alguna otra medida de coerción personal o la lesión de cualquier otra garantía constitucional.
“...fase preparatoria o de investigación, su fin es practicar las diligencias dirigidas a determinar si existen o no razones para interponer acusación contra una persona y, solicitar su enjuiciamiento o en caso contrario, requerir el sobreseimiento de la causa. Igualmente forma parte de la conclusión de ésta fase, el archivo de las actuaciones, lo que será procedente cuando no existan contra el imputado, elementos suficientes para que sea formulada una acusación ni para solicitar el sobreseimiento de la causa”. (Sentencia 520 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente C07-470 de fecha 14-10-2008)
Es probable que durante esta fase el Ministerio Publico o cualquiera de las partes requieran al juez de control la práctica de algún reconocimiento, inspección o experticia que, por su naturaleza y características, deben ser considerados como actos definitivos e irreproducibles o que deba recibirse una declaración que por algún obstáculo, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio.
El establecimiento de términos mínimo y máximo para la duración del proceso y específicamente, para la fase investigativa, se hace necesario para que el tiempo no provoque injusticias por decisiones tardías o prematuras , y además garantizar los derechos fundamentales, tales como: a) derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable; b) Presunción de inocencia; c)Derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.
“El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, el Juez deberá oír al Ministerio Público y al imputado y tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.” (art. 313 COPP)
En virtud de lo señalado en la norma antes señalada, tenemos que vencido el plazo fijado, puede el Ministerio Publico solicitar una prórroga, sin embargo no establece el COPP, la oportunidad para la solicitud de esa prórroga, de allí que permitir que la misma pueda ser solicitada en cualquier momento después de vencido el plazo prudencial, para el caso de que el imputado se encuentre detenido, dicha solicitud de prórroga debe formularse por lo menos cinco días antes de anticipación al vencimiento del plazo inicial de treinta días.
Lo importante es que dicha prórroga, debe comenzar a computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo original, tal como lo establece el articulo 198 del Código de Procedimiento Civil aplicable en su condición de norma general.
“En los términos o lapsos procesales señalados por días no se computará aquél en que se dicte la providencia o se verifique el acto que dé lugar a la apertura del lapso”. (art. 198 CPC)
En el mismo sentido el Código Civil en su artículo 12, estable que los lapsos de días u horas se contaran desde el día u hora siguiente a aquellos en que se ha verificado el acto que da lugar al lapso.
Si vencidos los plazos que le hubieren sido fijados, el Fiscal del Ministerio Publico no presenta acusación, ni solicita sobreseimiento de la causa, el juez de control debe decretar el archivo de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, y a su vez la investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del juez.
Los Actos Conclusivos.
Esta primera fase del Ministerio Publico puede conducirse de 3 maneras: a) Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Publico, lo que el Código denomina archivo fiscal; b) Con la solicitud del sobreseimiento que efectúe el fiscal del Ministerio Publico ante el juez de control; c) Con la aprobación de la acusación, acto que daría lugar a la apertura de la fase intermedia.

FASE INTERMEDIA.
En esta fase se inicia la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia primaria y fundamental del sistema acusatorio, es decir, la existencia de acusación. Esta etapa, se ubica entre la fase preparatoria y la del juicio oral, y tiene por función determinar si hay fundamento o no para llevar a juicio al imputado, con lo que se previene la sanción anticipada.
“...la fase intermedia o preliminar tiene por objeto la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el tribunal de control una vez finalizada ésta deberá admitir total o parcialmente la acusación propuesta por el Ministerio Público o de la víctima y ordenar su enjuiciamiento, y en caso de no admitirla deberá sobreseer, en esta etapa del proceso penal el tribunal de control también puede ordenar corregir vicios de forma de la acusación, resolver excepciones, homologar acuerdos reparatorios, ratificar, revocar o sustituir o imponer una medida cautelar, ordenar la práctica de pruebas anticipadas, sentenciar conforme con el procedimiento por admisión de los hechos”. (Sentencia 520 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente C07-470 de fecha 14-10-2008)
Durante esta fase, se busca la depuración del procedimiento, toda vez que puedan las partes oponer las excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o que se funden hechos nuevos, no es posible, sin embargo, que el juez ordene la práctica de nuevas pruebas ni pueda complementar la acusación.
De igual forma destaca como acto fundamental la celebración de la audiencia preliminar, donde el juez admite total o parcialmente la acusación, o debe sobreseer el proceso, dicha audiencia debe celebrarse en un plazo no mayor de diez días, ni mayor de los veinte contados a partir de la presentación de la acusación, y tiene como finalidad, la admisibilidad o no de la acusación.
Como garantía del derecho a la defensa, se debe en esta fase, determinar el objeto del juicio, es decir el hecho imputado calificado jurídicamente, medida que tomara el juez de control a través del examen del material aportado por el Ministerio Publico, para librar el auto de apertura de juicio o no, con este se determina el objeto del juicio oral y cambia la condición del imputado por la de acusado.
“El auto de apertura a juicio deberá contener: 1.La identificación de la persona acusada;2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; y, de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación; 3.Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes; 4.La orden de abrir el juicio oral y público; 5.El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el Juez de juicio; 6.La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. Este auto será inapelable”. (art. 331 COPP)
El auto que dictamina el juez de control al término de la audiencia preliminar debe contener los requisitos establecidos en el articulo 331 COPP, sin embargo el hecho de que dicho auto sea inapelable, y siguiendo las orientaciones de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia 746 del 08-04-2002, se estableció que contra el auto de apertura si es admisible la interposición del recurso de apelación , pero solo en relación con su primera parte, es decir respeto a la admisión de la acusación.
“El auto descrito en el segundo párrafo de la precitada disposición legal (331 COPP) está referido a previsiones meramente de procedimiento, que no causan ningún tipo de gravamen o perjuicio a las partes; es, en consecuencia, un auto de mero trámite o de mera sustanciación. Y es, por tanto, éste el auto al cual el legislador atribuyó la cualidad de inapelabilidad, por cuanto se trata de un auto de mero trámite que, por tanto, no es susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de las partes. Por la misma razón, se concluye que, respecto de dicho auto, tampoco es admisible la acción de amparo constitucional”.
FASE DE JUICIO
Es en esta, donde se concretan los principios del procedimiento que rigen el sistema procesal (oralidad, publicidad, inmediación y concentración); de acuerdo al principio de oralidad, todos los actos del debate deben efectuarse en forma verbal, admitiéndose solo por excepción la incorporación de pruebas a través de su lectura; la inmediación, como principio probatorio supone que el tribunal llamado a decidir debe haber presenciado las pruebas en las cuales habrá de fundar tal decisión, es decir conlleva a la identidad física del juzgador, la publicidad se entiende como la garantía de que los actos del debate pueda asistir quien tenga interese en hacerlo, situación que permite establecer un control popular sobre la administración de justicia, dada la intervención pasiva de la ciudadanía, mientras que la concentración y continuidad, conllevan a que solo se admitan suspensiones especiales y precisamente determinadas.
Esta fase a su vez se divide en las siguientes fases: a) preparación del debate; b) desarrollo del debate; c) deliberación y sentencia.







PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Los procedimientos especiales se caracterizan por la supresión de una o varias de las fases que forman parte en el procedimiento ordinario. En tal sentido el Código Orgánico Procesal Penal, regula ocho procedimientos y desarrolla en su libro Tercero el trámite a seguir en estos procedimientos.
1.- Procedimiento Abreviado. El Código Orgánico Procesal Penal. Preveé en su artículo 372, tres supuestos para la aplicación de este procedimiento, y se ventilara ante el tribunal de juicio unipersonal:
a) Delitos Flagrantes (art. 373 COPP). En este caso el aprehensor debe presentar dentro de las 12 horas siguientes, al aprehendido a disposición del Ministerio Publico, quien dentro de las 36 horas siguientes debe presentarlo ante el juez de control y exponer como se produjo la aprehensión, siendo ese el momento donde el fiscal puede solicitar ante el juez la aplicación del procedimiento ordinario.
El juez de control debe calificar la flagrancia, siempre y cuando la situación encuadre en lo previsto en el artículo 248 del COPP, de calificarla, se debe remitir las actuaciones al tribunal de juicio unipersonal, para que este convoque la celebración del juicio oral y público dentro de los 15 días siguientes, en este caso el fiscal y el querellante deberán presentar la acusación directamente en la audiencia del juicio oral, y a partir de allí deben seguirse los pasos del procedimiento ordinario.
b) Delitos Menores (art. 375 COPP). Aquellos que merezcan pena privativa de libertad no mayor de 4 años en su límite máximo o delitos que no merezcan pena privativa de libertad, en este caso el juez debe oír al imputado y dictar la decisión que corresponda.
2) Procedimiento por Admisión de los Hechos (art. 376 COPP). Se da cuando el imputado consciente en ello reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, esto puede conllevar a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio a la mitad, atendiendo todas las circunstancias y considerados el bien jurídico afectado y el daño social causado.
La admisión de los hechos supone la renuncia (voluntaria), al derecho a un juicio, principio garantizado en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 1., como también en instrumentos internacionales ratificados por la República
a) Delitos en los que Procede. En nuestro proceso penal venezolano, procede la admisión respecto de cualquier hecho punible.
b) Oportunidad Procesal. El Codigo Organico Procesal Penal, señala en su articulo 376, que la audiencia puede concretarse en la audiencia preliminar (fase intermedia). De igual forma el articulo 49 ordinal 1, establece que toda persona debe ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, por los tanto si la admisión de los hechos puede conllevar a la imposición inmediata de la pena, tal admisión solo puede efectuarse una vez admitida la acusación.
c) Requisitos de la admisión. La admisión puede ser: a) voluntaria; b) expresa; c) personal.
3) Procedimiento en los Juicios contra el Presidente de la Republica y otros Altos Funcionarios del Estado (art. 377 a 381 COPP). En estos casos se requiere que el Fiscal General de la Republica presente querella ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo mediante sentencia 1331 del 20-06-2002, la Sala Constitucional del máximo Tribunal, estableció que la victima puede solicitar el ante juicio de merito, pero no puede formalizarlo sin la intervención del Ministerio Publico.
“…A juicio de esta Sala, una víctima pasiva no es concebible y si ella puede querellarse y actuar en el proceso penal, con mayor razón podrá solicitar antejuicio de mérito, lo que, además, no se lo prohíbe la Constitución vigente y no puede estar en peor condición con respecto a ese antejuicio, que con relación al proceso ordinario. De allí que, para la Sala, aquél que tenga la condición de víctima podrá solicitar el antejuicio de mérito para las personas que gozan de tal privilegio, con independencia del Ministerio Público, que será notificado de la petición de antejuicio y de su apertura para que se haga parte, si lo estima conveniente…”
Si el Tribunal declara que hay merito para enjuiciar al Presidente de la República, debe continuar conociendo la causa hasta la sentencia definitiva, previa autorización de la Asamblea Nacional.
Si se trata de altos funcionarios del Estado, de deben distinguir dos supuestos: a) Funcionarios que no tengan condición de parlamentarios; y b) Miembros de la Asamblea Nacional; en el primer supuesto, el funcionario quedará suspendido del ejercicio de sus funciones, mientras que en el segundo supuesto, el enjuiciamiento será procedente solo en caso de que la Asamblea Nacional acuerde el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, en caso de que se levante la inmunidad, deben remitirse los autos al Tribunal Supremo de Justicia; si se tratara del Defensor o Defensora del Pueblo (goza de inmunidad conforme a lo establecido en el art. 282 constitucional) de igual forma debe establecerse la inmunidad.
Luego de cumplidos los requisitos, la causa seguida al alto funcionario debe tramitarse conforme a las reglas del proceso ordinario, si se tratara de un delito de instancia privada, el tramite ante el Tribunal Supremo de Justicia debe iniciarlo la víctima, por ser esta en esos casos la titular de la acción penal.
Otros procedimientos iniciados como procedimiento especiales, son los conocidos como: a) procedimiento de faltas; b) procedimiento de extradición; c) procedimiento de acción pendiente de instancia de parte; d) procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad; e) procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, todos estos procedimientos consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal vigente en la República.
RECURSOS EN EL PROCESO PENAL
Los recursos están concebido como vías procesales que se otorgan al Ministerio Publico y a las partes para intentar la correcion de decisiones jurisdiccionales que por ser de algún modo contrarias a derecho, es decir dadas las injusticias de las decisiones judiciales surgen medios de impugnación como vías a través de las cuales se procura mantener el control de esas decisiones en aquellos casos en que se han verificado violaciones legales o procedimentales.
Este derecho a recurrir no es mas que el ejercicio de un derecho constitucional como lo es el derecho a la tutela judicial y efectiva que a su vez tiene como limite el derecho del imputado a ser sometido a un proceso sin dilaciones indebidas.
Dichos recursos puede ser:
a) Según el órgano que los resuelve: No devolutivos (se solocita al mismo órgano del cual emano la decisión, la examine nuevamente y subsane el error cometido); Devolutivos (resuelve un órgano superior, generalmente colegiado)[1]
b) Por su naturaleza: Ordinarios (revocaion y apelación); extraordinarios (casación y revisión)
Siendo el objeto del recurso la revisión por parte del tribunal ad quem[2], sin embargo, para evitar que la decisión impugnada genera mas daño al agraviado y pueda consolidarse durante el trámite, se suspende la ejecución de los resuelto durante el plazo para impugnar o para sustanciar el recurso.



ANALISIS
El proceso penal venezolano, dispone en su legislación, mecanismos necesarios para el establecimiento de la responsabilidad de los individuos en la comisión de hechos punibles. Como he venido estudiando en temas anteriores, la comisión de actos delictuales, acarrean la necesidad por parte del Estado de la aplicación de una sanción que puede ir desde la restitución del daño causado hasta la privación preventiva de la libertad, según sea el grado del delito cometido.
La investigación penal, necesaria para averiguar la verdad de los hechos, solo es posible si se realiza junto a otros órganos jurisdiccionales, y con la ayuda de otros cuerpos investigativos, como los órganos policiales de investigación penal.
El procedimiento ordinario, contemplado en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, se divide en varias fases, en las que se concretan los principios y garantías que limitan la función jurisdiccional del Estado y que a su vez funcionan como principios integradores que rigen el proceso penal.
La fase preparatoria, tienen por objeto la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción, para fundar la acusación y a su vez la defensa del imputado.
La denuncia (Ministerio Publico y Órganos de Investigación Penal), la querella (Tribunal de Control) y la investigación de oficio (Órganos de Investigación Penal), son los mecanismos que dan inicio al proceso ordinario, es decir el Estado tiene el deber de investigar la comisión de delito, averiguar hasta encontrar la verdad del proceso, de que él tenga conocimiento, mientras que la querella, es un mecanismo de instancia privada, por lo que debe ser interpuesta por la victima, sin embargo en los casos de violación de derechos humanos, puede otra persona interponer la querella ante el tribunal correspondiente.
Esta fase tiene un término de 6 meses, garantizando de esta forma el Derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, sin embargo vencido este plazo el Ministerio Publico puede solicitar una prórroga, que debe computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado, en el caso de personas con medidas de privación preventiva de libertad, esta solicitud debe realizarse 5 días antes de la culminación de el periodo original.
La fase intermedia o preliminar, corresponde a la etapa procedimental y, se manifiesta con la existencia de la acusación y tiene por objeto determinar si hay fundamento para llevar a juicio al imputado, quien pasaría a ser el acusado en el proceso.
Entre tanto la fase del juicio concreta los principios del sistema procesal (oralidad, publicidad, inmediación y concentración) y esta fase se divide en la preparación del debate, desarrollo del debate, deliberación y sentencia.
[1] Apelación y casacion
[2] Efecto devolutivo

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